Desde Women4GlobalFund, -una red de 327 activistas de 75 países- alzamos la voz junto a organizaciones de derechos humanos para rechazar la propuesta de reforma constitucional en Ecuador que busca excluir a las personas privadas de libertad (PPL) del grupo de atención prioritaria. Este cambio representa un grave retroceso en la protección de derechos fundamentales y una medida que, desde una perspectiva de salud, es anti-técnica y peligrosa para la salud pública.
⚠️ Las PPL en Ecuador viven en condiciones extremas: sin acceso adecuado a atención médica, en entornos de hacinamiento y con tasas alarmantes de enfermedades, como el VIH y la tuberculosis. La situación es crítica, 624 PPLs viven con TB, concentrados mayormente en cárceles de Guayas (69% de los casos). Un estudio realizado por (Moya, et al, 2022) en el Ecuador, encontró que la población en cárceles enfrenta mayores riesgos ante el TB y el VIH que la población general. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que las personas privadas de libertad tienen 7,2 veces más probabilidades de tener VIH que quienes viven en libertad. Además, se calcula que en todo el mundo 4 de cada 10 personas privadas de libertad viven con VIH. Tanto ONUSIDA como la Organización Mundial de la Salud reconocen a las personas privadas de libertad como grupos claves, es decir que se encuentran especialmente vulnerables ante el VIH y por tanto, es necesario medidas audaces que pueda acelerar el acceso a tratamiento de estas poblaciones. Excluir a las PPL de los grupos de atención prioritaria intensificaría su vulnerabilidad y la violencia estructural que sufren, agravando su desprotección y afectando directamente su salud, sus derechos y su dignidad.
🚨 Las mujeres privadas de libertad enfrentan una doble vulnerabilidad que agrava su situación: además de soportar condiciones inhumanas, sufren violencia de género y discriminación. En Ecuador, as mujeres transexuales son obligadas a cumplir su pena privativa de libertad en cárceles para varones, por una selección realizada en función del sexo biológico. Muchas carecen de acceso a productos de higiene menstrual, servicios de salud reproductiva y protección ante abusos físicos y psicológicos. Como madres y cabezas de familia, su encarcelamiento impacta a sus hijos y perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión. La situación de las mujeres privadas de libertad evidencia la urgencia de políticas de atención prioritaria con enfoques de género que respeten y protejan sus derechos humanos fundamentales. Por otro lado, las mujeres trans que según el último Censo Penitenciario son 73, sin embargo según organizaciones de la sociedad civil este número esta subdimensionado. Las condiciones de las mujeres trans privadas de libertad es de alto riesgo: reportajes desde la sociedad civil describen no sólo falta de acceso a servicios de salud, además violencia y discriminación a su identidad de género.
Lee nuestro llamado a la acción y difúndelo en tus redes de activistas y envíalo a tu legislador en la Asamblea Nacional para no permitir esta reforma.
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